Del Franquismo a la Transición democrática

Esta publicación responde a la necesidad de cubrir importantes carencias en el conocimiento científico y social de la participación de las mujeres valencianas en el movimiento obrero desde los años cincuenta hasta la Transición, y en los orígenes y desarrollo de las primeras organizaciones sindicales de la clandestinidad. El conocimiento de la construcción de la cultura de la clase obrera valenciana bajo la dictadura se vería seriamente empobrecido si no hiciera visible a las mujeres como sujetos inscritos en una doble conflictividad: la que se derivaba de las formas de resistencia y defensa de derechos laborales y sociales, por un lado, y la resultante de su condición de trabajadoras que a la vez eran madres, esposas, hijas y hermanas, por otro.

Mujeres, trabajo asalariado, sindicalismo y feminismo del Franquismo a la Transición democrática

VICENTA VERDUGO

Tiempo de Dictadura

El franquismo impuso un discurso de género basado en la ideología fascista y la doctrina de la iglesia católica. Desde antes de finalizar la guerra civil, el régimen fue impulsando políticas de género específicas dirigidas a implantar su modelo ideal de «perfecta casada», sin derecho a ejercer su capacidad de obrar, subordinada a padres y maridos, en una situación de perpetua «minoría de edad». La dictadura pretendía así someter a las mujeres a una domesticidad forzada, destinándolas a convertirse en el «reposo del guerrero». En el marco del discurso nacionalista y totalitario del franquismo en la posguerra, se encomendaba a las mujeres dedicarse, con sumisión y abnegación, a forjar en el hogar la familia cristiana y a ser en particular el instrumento de las políticas natalistas del Estado. Del adoctrinamiento ideológico femenino en este proyecto antiemancipatorio y reaccionario se encargaron hasta el final de la dictadura organizaciones como la Sección Femenina y la Acción Católica. A la primera se encomendó el Servicio Social creado en 1937 y obligatorio, salvo algunas excepciones, para todas las españolas de entre diecisiete y treinta y cinco años. Para cuidar la moral de las jóvenes y «apartarlas del vicio y las tentaciones», se restauró en 1941 el Patronato de Protección de la Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia. La dictadura anuló todas las medidas en materia igualitaria y social del periodo republicano, entre ellas el matrimonio civil y el divorcio. Reimplantó el Código Civil de 1889, reforzando la autoridad paterna y marital. En el ámbito educativo suprimió, ya desde septiembre de 1936 en la «zona nacional», la coeducación en las escuelas. En el Código Penal se reintrodujeron como delitos el adulterio y el aborto, considerado este un crimen de Estado. Por Ley del 24 enero de 1941 se prohibió el uso, la propaganda y la venta de anticonceptivos.

De acuerdo con la ideología fascista y patriarcal del régimen sobre el papel de las mujeres en la sociedad, las políticas de la dictadura buscaron apartar al colectivo femenino de la producción formal. A este respecto, el principio doctrinal quedó fijado en la primera ley fundamental del régimen, el Fuero del Trabajo, promulgado en 1938, que decía: «El Nuevo Estado liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica». Ese mismo año se creo un auxilio económico, el Subsidio Familiar, que se abonaba al «cabeza de familia» y que solo en circunstancias especiales podía percibir la madre-esposa. En sintonía con el Fuero de los Españoles, dictado en 1945 a modo de pseudo-declaración de derechos, se arbitraron una serie de leyes protectoras de la familia, subsidios y premios a la natalidad. En esta línea se implantó el denominado Plus de Cargas Familiares, contemplado como un primer paso hacia el «salario familiar», en el que era requisito indispensable que la esposa no trabajase para poder cobrar los denominados «puntos».

De acuerdo con el principio de inferioridad femenina respecto al varón cabeza de familia, las mujeres casadas que recurrían al trabajo asalariado estuvieron sometidas hasta 1975 a no poder hacerlo sin el permiso del marido. Efectivamente, la Ley de Contrato de Trabajo, de 1944, estipulaba la autorización marital de las mujeres casadas para poder ser contratadas: Incluso el marido, como representante legal, podía recibir el salario de su esposa. Esta Ley mantuvo algunos de los preceptos de la Ley de 13 de marzo de 1900, que regulaba el trabajo de mujeres, jóvenes y niños. Acorde con una legislación proteccionista que avalaba la debilidad del sexo femenino, se asimilaba a las mujeres con los menores. Así se mantuvo la obligatoriedad de presentar a la empresa un certificado de vacunación. Permanecieron también vigentes las disposiciones proteccionistas relacionadas con el embarazo y la maternidad, y se conservó la denominada «Ley de la silla» de 1912.

El sistema autoritario de regulación de las relaciones laborales por sectores se establecía mediante las llamadas «reglamentaciones». Muchas de ellas determinaban que las mujeres debían abandonar el puesto de trabajo al casarse. Con este mismo fin se implementó la denominada «dote laboral», una medida económica dirigida a coaccionar a las trabajadoras a dejar su empleo al contraer matrimonio. Las mujeres encontraban vetado el ejercicio o el ascenso de categoría laboral en determinadas profesiones. En las Oficinas de Colocación solo se podían inscribir las mujeres «cabezas de familia» que no tuvieran ingresos, las legalmente separadas o con el marido impedido para el trabajo, y las solteras sin medios de vida. No obstante todo ello, el orden legal quedó supeditado a los intereses y «necesidades de la producción» en determinados sectores. Además, socialmente predominaba la creencia y consideración de que los varones eran los principales encargados del mantenimiento familiar y, por tanto, el trabajo remunerado femenino era calificado como una «ayuda», como accesorio lo que conllevaba que el salario o jornal que recibían las trabajadoras era mucho menor que el de los hombres por el mismo trabajo. Trabajadores y trabajadoras, con salarios de hambre, fueron obligados a afiliarse como «productores» junto a empresarios en los Sindicatos Verticales. Mientras, partidos políticos y organizaciones sindicales de clase eran declarados ilegales y sus militantes condenados a la clandestinidad, la cárcel o el exilio. Se prohibió la negociación de convenios colectivos y se criminalizaron las huelgas, consideradas delito de sedición en el Código Penal de 1944.

El periodo que va desde el final de la guerra hasta 1959 fue el de mayor aislamiento político y económico. La política autárquica provocó una fuerte caída de la producción, el empobrecimiento y la escasez de alimentos. Son los años del estraperlo y el mercado negro, del racionamiento y la malnutrición. En este contexto, y a pesar de las prohibiciones para el trabajo remunerado femenino, las mujeres de la clase obrera trabajaban, ya fuera en sectores marginales como la limpieza por horas, en la economía sumergida, en tiendas o mercados. Por ello, muchas de las trayectorias vitales femeninas estuvieron marcadas por un trabajo duro, mal pagado y, en numerosos casos, fuera del circuito laboral normalizado.

Entre 1939 y 1951, con una situación fuertemente represiva y unas duras condiciones de vida, el número de huelgas fue reducido y la lucha por la supervivencia de las proscritas organizaciones obreras estuvo condicionada por la clandestinidad y la represión. A pesar de las duras circunstancias, las mujeres participaron en paros y huelgas. En estos años se registraron paros de las trabajadoras de empresas del textil catalán. La participación de las mujeres en las movilizaciones aparece también en el boicot a los tranvías de Barcelona en 1951 y en las huelgas de la minería asturiana entre los años 1957 y 1963, en las que la acción colectiva femenina tuvo un papel central. Por su apoyo a los huelguistas fueron detenidas y maltratadas Constantina Pérez «Tina» y Anita Sirgo. Para mostrar su respaldo a las detenidas, mujeres intelectuales firmaron cartas de protesta y se concentraron en Madrid frente a la Puerta del Sol en solidaridad con los huelguistas y a favor de los presos políticos. En esta concentración fueron detenidas 40 mujeres.

En el País Valenciano existe constancia documental de paros protagonizados por trabajadoras en fechas tan tempranas como junio de 1943, año en que 85 obreras de la fábrica de sacos de Ríos y Cía. en la localidad valenciana de Llíria abandonaron su puesto de trabajo en solidaridad con una trabajadora sancionada. También hubo paros de empleadas de los almacenes de la naranja en Carcaixent en 1952.

El activismo de las mujeres se dio en la posguerra también al margen del ámbito estrictamente laboral. Se trató de estrategias y formas de resistencia específicamente femeninas, que abarcaron desde la significación política que tuvieron las campañas de las mujeres de presos por la amnistía, hasta las acciones y actos de rebeldía femenina ante la situación de miseria y hambre de las familias obreras. Formas y estrategias de resistencia claramente políticas desarrolladas en el marco de la vida cotidiana y en los espacios en los que mayormente se desenvolvían como las colas de racionamiento, los mercados y los barrios. Las mujeres con una fuerte conciencia de clase obrera, pero guiadas por su conciencia femenina, reclamaban sus derechos como cuidadoras de la comunidad. Con estas actuaciones en el espacio público rompían las pautas de comportamiento que el estereotipo de género difundido por la dictadura asignaba al colectivo femenino.

En 1953, en el contexto internacional de “guerra fría”, la firma de importantes acuerdos como el Concordato con la Santa Sede y los pactos militares y económicos con EEUU, conllevaron la consolidación de la unión entre la dictadura y la Iglesia, por una parte, y la integración de España en la órbita de influencia del imperialismo norteamericano, por otra. Pero sobre todo significaron la incorporación de España al mundo occidental, lo que se hizo patente con el ingreso en la ONU en 1955. En esta nueva situación, las medidas liberalizadoras adoptadas con el Plan de Estabilización de 1959 pusieron fin a la política autárquica franquista.

En este marco de modernización económica y de interés por mejorar la imagen del régimen en el exterior, se inscriben algunos relevantes cambios en las políticas de género franquistas. Una de las primeras medidas fue la reforma en 1958 de algunos artículos del Código Civil, relativos al matrimonio y a la situación jurídica de las mujeres. Con estas modificaciones se buscaba acomodar el ordenamiento jurídico a los preceptos firmados en el Concordato. El 22 de julio de 1961 se promulgó la Ley sobre Derechos Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer, y el 1 de febrero de 1962 el Decreto que regulaba la aplicación de esta ley a la esfera laboral. La nueva legislación estableció la equiparación de derechos entre hombres y mujeres en esta materia y derogó parcialmente las restricciones laborales de antaño. Se prohibía la discriminación laboral y salarial en función del sexo. Reconocía a la mujer los mismos derechos que al varón para actividades políticas, profesionales y de trabajo, aunque imponía excepciones como el ingreso de las mujeres en la Administración de Justicia, Cuerpos Armados y Marina Mercante. Sin embargo, se seguía exigiendo el permiso del marido, la denominada «licencia marital», para que las mujeres pudieran realizar múltiples actos legales, entre ellos firmar un contrato de trabajo, aceptar una herencia o abrir una cuenta corriente. Las discriminaciones en el ámbito laboral siguieron existiendo, puesto que las ordenanzas laborales continuaron teniendo cláusulas de desigualdad salarial. Prevalecía la consideración de la mano de obra femenina como complementaria y transitoria, además de barata, con salarios un 30% inferiores respecto a los de los trabajadores varones con igual categoría y por el mismo trabajo. Con las nuevas medidas legislativas de 1961-62 el mercado laboral se flexibilizaba incorporando a las mujeres como ejército de reserva de mano de obra barata, joven, temporal y con una alta movilidad. Máxime si tenemos en cuenta que las trabajadoras tras el matrimonio siguieron abandonando el empleo.

A mediados de los años sesenta, la sociedad española comenzaba a cambiar, aumentaban los niveles de consumo y, aunque muy tímidamente, los niveles de bienestar. Las ciudades experimentaban el crecimiento de mano de obra procedente de las zonas rurales en una búsqueda de mejores condiciones de vida. En este contexto, la producción buscaba la contratación de mano de obra femenina en trabajos que requerían poca cualificación y para empleos de carácter rutinario y subordinado. Se trataba de sectores y actividades en los que el empleo negro, sin contrato ni cotizaciones, era bastante habitual, así como el trabajo a domicilio. Otro de los incentivos para la contratación femenina era la creencia de que las mujeres eran menos conflictivas en el trabajo que los hombres.

En esta misma década emergía de nuevo el conflicto laboral y se fue conformando un nuevo modelo de organización obrera, las denominadas Comisiones Obreras (CCOO). Partiendo de comisiones representativas de trabajadores y trabajadoras surgió un nuevo tipo de sindicalismo de influencia comunista, que contó también con militancia de organizaciones cristianas como las HOAC y las JOC y de distintos grupos de la izquierda política antifranquista. Los militantes de CCOO utilizaban los escasos márgenes legales de las elecciones sindicales para infiltrarse en el Sindicato Vertical, ocupando de este modo puestos de enlaces y jurados de empresa que tenían un papel fundamental en la negociación colectiva, posible desde 1958, y los conflictos laborales. La participación de mujeres trabajadoras en este nuevo movimiento obrero fue cada vez mayor. En esta nueva situación, el discurso político antifranquista comenzó a incorporar también a las mujeres como trabajadoras y sindicalistas, y no solo como «mujeres de sindicalistas». Junto a la denuncia de la precariedad laboral femenina, a mediados de la década de 1960 el PCE se dirigía a las trabajadoras para que se sumaran a las comisiones obreras, en defensa de sus intereses de clase y de reivindicaciones históricas como «a igual trabajo, igual salario» También las animaba a que participaran en las elecciones sindicales votando a las candidaturas alternativas y representativas. Todo ello enmarcado en la lucha general contra el franquismo. Para el movimiento obrero valenciano las elecciones sindicales de 1966 fueron claves en la organización de las CCOO. Así, en la primavera de este mismo año se iniciaron los contactos entre Marcelino Camacho y dirigentes obreros para tal fin. En noviembre de 1965, la mujer de Emeterio Monzón, Joaquina Campos, recibió la visita de la compañera de José Linares, Carmen, para avisarle de una inmediata visita de Camacho y juntas fueron a comunicarla a los militantes comunistas del Port de Sagunt. Este tipo de funciones realizadas por las mujeres fueron fundamentales para la creación y mantenimiento de las estructuras obreras clandestinas, en las que también participaban. Una forma de participación femenina basada en redes familiares, afectivas y de militancia, que se sostenían al margen de la actividad laboral. Estas redes propiciaban la vinculación de personas que no cumplían con el prototipo del «obrero» pero que le imprimían a las CCOO el carácter de movimiento sociopolítico con el que se identificaban y autodefinían. Algunas mujeres como Marina Carceller, de la Yutera de Foios, o Francisca Benítez, de Elcano, participaron en la reunión fundacional de CCOO en Valencia, el 11 de diciembre de 1966. En la extensión del movimiento se tuvo en cuenta las posibilidades que podían ofrecer sectores con importante peso del trabajo femenino asalariado como el textil y la confección, o la recogida y manipulación de la naranja. El PCE se propuso prestarles mayor atención y designó algunos militantes encargados de organizar en CCOO a las trabajadoras de estos sectores.

El 1 de mayo de 1967 representó un punto de inflexión en el movimiento obrero valenciano, al ser la primera vez que CCOO salía a la luz pública, convocando a una manifestación bajo el lema “Per la llibertat sindical”, Poco después, entre 1968 y 1970, varias redadas y detenciones policiales provocaban una crisis en la dirección y estrategia de las comisiones obreras valencianas.

Paralelamente en estos años del tardofranquismo, mujeres como Mª Aurelia Capmany, Lidia Falcón, Carmen Alcalde o Giulia Adinolfi y organizaciones como el Seminario de Estudios de la Mujer (SESM), denunciaban en artículos, libros y conferencias, la marginación del colectivo femenino, al mismo tiempo que se publicaban traducciones de algunas de las obras del feminismo europeo y norteamericano, como la Mística de la Feminidad de Betty Friedan o El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Desde 1965, y en Valencia desde 1969, funcionaba el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), organización cercana al PCE y al PSUC que realizaba tareas de apoyo a los presos políticos, pero también planteaba reivindicaciones básicas para las mujeres. En este marco se sitúa la iniciativa del MDM, en 1967, de enviar un escrito dirigido al vicepresidente del Gobierno titulado Por los derechos de la mujer española respaldado por unas 1.500 mujeres. Este escrito puede considerarse el primer manifiesto con reivindicaciones específicamente femeninas elaborado y presentado públicamente durante el franquismo.

La situación del colectivo femenino variaba de manera lenta y contradictoria. Así, las formas tradicionales de sociedad, familia y religión se combinaban con las modas europeas. En distintos medios de comunicación aparecían nuevos modelos de mujeres, muy distintos al difundido oficialmente, mostrando la distancia cada vez mayor entre la realidad social y la legislación vigente. El proceso de crecimiento económico en un marco político autoritario y reaccionario emprendido por la dictadura, el «desarrollismo», era una fuente no menor de contradicciones, en particular porque el impulso inducido a la incorporación al mercado laboral y a una mejor formación de las mujeres propiciaba aspiraciones de autonomía personal en la generación nacida en la década de 1950 que chocaban con la persistencia de normas tan reaccionarias como la licencia marital.

La Ley General de Educación de 1970 impuso la escolarización obligatoria, haciendo posible el acceso de todas las niñas a la escuela y en todos los niveles educativos, de tal forma que a partir de 1970 comenzó a notarse un importante aumento del alumnado en general y del femenino en particular. No obstante, social e ideológicamente, la reforma educativa seguía manteniendo modelos y roles de género diferenciados. En el ámbito del Código Civil, en mayo de 1975, casi en vísperas de la muerte del dictador, se reformaron algunos artículos que afectaban al derecho privado. Con esta reforma desapareció la licencia marital y se modificaron algunos artículos del Código de Comercio, suprimiendo el permiso del marído para que la esposa pudiera ejercer actividades mercantiles o comerciales. El marido dejó de ser el representante legal de la esposa, pero se mantuvieron limitaciones discriminatorias, relativas a la patria potestad de los hijos y a la administración de los bienes de la sociedad conyugal, que siguieron estando en manos masculinas.

Así por tanto, en sus años finales la dictadura adoptó medidas que representaban mayores libertades y oportunidades para las mujeres, pero sin romper con los límites que imponían sus referentes ideológicos patriarcales, autoritarios y reaccionarios. No se ha de perder la debida perspectiva sobre estos cambios. Los dirigentes de la dictadura se mantenían fíeles a sus orígenes en la rebelión que encabezaron en 1936 contra la II República y sus valores, entre otros el de la igualdad entre hombres y mujeres recogido en la Constitución de 1931.

Tiempo de conquista de la democracia

Desde 1970 aumentó la conflíctívídad social y política impulsada por la oposición democrática y los movimientos sociales, lo que condujo a una progresiva erosión del régimen. Cuando Franco murió, la dictadura estaba inmersa en una profunda crisis. Junto a sectores tradicionales de militancia obrera, las movilizaciones se extendieron a sectores profesionales, al movimiento vecinal y, a partir de 1975, al movimiento feminista, que fue desarrollando sus campañas y estructuras organizativas. Se ampliaban los espacios de enfrentamiento con el régimen y, como contrapartida, la dictadura ejercía la represión con carácter de ejemplaridad y escarmiento. En este panorama de pugna transícional, agravada con la crisis económica, el movimiento huelguístico se incrementó. A modo de ejemplo, en 1974 se declararon en huelga en el País Valenciano sectores como la madera, el textil, el calzado, la siderurgia, astilleros, la construcción y el sector del ladrillo. Entre 1970 y 1975, el movimiento obrero se convirtió en el principal protagonista de la oposición política, se entró en una fase de enfrentamiento en la que estaba en juego quién tendría la victoria definitiva, el continuismo o la alternativa democrática. En el mundo del trabajo, el punto de inflexión en esta pugna lo marcaron las elecciones sindicales de 1975, que representaron un pulso entre el sindicalismo vertical y la oposición sindical antifranquista organizada en las Candidaturas Unitarias y Democráticas (CUD), promovidas desde CCOO y USO. El nuevo ciclo de conflictividad laboral iniciado en 1976 se saldó en los meses de enero y febrero de ese año con un total de 189.000 huelguistas en el País Valenciano.

En esta década de 1970, una nueva generación de mujeres nacidas en los años cincuenta, que no habían vivido la guerra civil, buscaba entrar en el mercado laboral. Trataban de conseguir un puesto de trabajo en el sector industrial, talleres y fábricas, o en el sector servicios como secretarias, enfermeras, dependientas, etc. Las jóvenes de familias obreras vivían la experiencia laboral de sus madres en sectores de la economía sumergida y el intento de compaginar el trabajo remunerado y el doméstico. Eran trabajos desvalorizados socialmente, siguiendo trayectorias laborales ocultas en las estadísticas bajo la denominación «sus labores». Las hijas reaccionaban en contra de este modelo y buscaban una vida mejor, aspiraban a un trabajo estable, un mejor salario y un horario reglamentado que les permitiera poder disponer de tiempo libre. El objetivo era conseguir ser independientes, ampliar su marco vital y no verse constreñidas en el espacio de la domesticidad.

En el periodo de lucha por la democracia entre 1976 y 1978 saltaron a la luz pública conflictos laborales en sectores y empresas de Valencia con una amplia mayoría de mujeres en sus plantillas. Son ejemplos de esta conflictividad laboral femenina la huelga de la empresa textil Manufacturas Mara S.A. en 1975, el conflicto desencadenado en la sanidad valenciana por las mujeres de las contratas de limpieza del hospital La Fe entre mayo y junio de 1976, y los paros en las fábricas de porcelanas Lladró y Tang. En esta última empresa, las trabajadoras estuvieron encerradas durante un mes en las instalaciones de la fábrica.

Conviene en Valencia destacar en particular la conflictividad en empresas del sector textil como Lois en Benaguacil, Little Kiss, Félix Merino, Faygra y Donetta. Protagonizaron estos conflictos mujeres generalmente muy jóvenes, con edades comprendidas entre los 14 y los 22 años. Los motivos de protesta y reivindicación de estas trabajadoras eran las condiciones salariales y de trabajo, los ritmos de producción, el mantenimiento y salubridad de las instalaciones fabriles, así como el aprovisionamiento de útiles y uniformes para poder trabajar con unas mínimas condiciones laborales dignas. En numerosas ocasiones en que las trabajadoras se declaraban en huelga eran presionadas por sus familias, padres, maridos, novios, etc., para que abandonaran la huelga y se incorporaran a sus puestos de trabajo. Se ejercía así el tutelaje masculino sobre las trabajadoras, que eran tratadas como menores a las que se castigaba cuando subvertían el orden laboral, o sea, cuando reclamaban sus derechos laborales.

Con la Ley de Relaciones Laborales de abril de 1976 se establecieron algunas mejoras en las condiciones de trabajo asalariado femenino. La ley protegía la maternidad con un permiso de catorce semanas y la posibilidad de pedir una excedencia, no superior a tres años, por cada hijo. Pero a pesar de los avances que representó, no se garantizó que la igualdad laboral con el varón fuera efectiva, puesto que permanecieron lastres heredados de la etapa anterior. En general predominaba en las relaciones sociales y laborales la influencia de la ideología y el discurso patriarcal, que seguía considerando que el lugar de las mujeres era el espacio doméstico y su destino la maternidad. Así era complicado para muchas o una mayoría de las mujeres llevar a cabo un proyecto personal de profesionalización que les condujera a la independencia y la autonomía económica.

Por otra parte, en este periodo transicional el ambiente en el seno del sindicalismo de clase, en concreto en CCOO, era esencialmente masculino. Los órganos de dirección estaban compuestos muy mayoritariamente por hombres. En la cultura, el lenguaje y los discursos persistían representaciones, prácticas y objetivos patriarcales herederos de la cultura obrera del siglo XIX, que consideraba a los varones como prototipo de la clase obrera y tendía a excluir a las mujeres del trabajo asalariado, reclamando el «salario familiar» y en situación de crisis la expulsión de las mujeres del empleo remunerado.” Como ha puesto de relieve José Babiano, los primeros documentos y compromisos programáticos de CCOO adoptan un lenguaje con pocas referencias a las trabajadoras, por lo menos hasta su constitución como sindicato ya en la legalidad desde 1977 y la creación de las Secretarías de la Mujer en 1978. De esta forma, los ámbitos y las prácticas de la acción sindical se entendían masculinos, lo que conllevaba unas relaciones de género problemáticas, dificultando que las mujeres se incorporasen al sindicalismo de clase y accedieran a los cargos de responsabilidad con la misma normalidad que los varones.

Mientras las mujeres encontraban serias dificultades para participar en la organización del nuevo movimiento obrero, desde mediados de los años setenta se habían ido articulando una serie de relaciones entre el incipiente movimiento feminista y las mujeres de los sindicatos. En Valencia, las mujeres del MDM contactaban en 1975 con las sindicalistas de CCOO, creando un frente de trabajadoras de diversos centros y sectores laborales. En 1977 organizaron una conferencia sobre la situación de las mujeres y el trabajo remunerado en el local de la Societat Coral El Micalet, en Valencia. Este encuentro fue simultáneo a la celebración en Madrid de las Primeras Jornadas de la Mujer Trabajadora, organizadas también por el MDM y mujeres sindicalistas de CCOO. Entre las ponencias debatidas aparece la preocupación por la difícil relación que las trabajadoras mantenían con la organización sindical, la infrarrepresentación femenina, las dificultades y acumulación de tareas profesionales y familiares, así como la falta de interés de los compañeros y de la organización sindical por las reivindicaciones y problemática de las mujeres trabajadoras. A este respecto, es significativo el siguiente párrafo: «Las que a pesar de todo asumen el compromiso sindical encuentran grandes dificultades para imponerse, hacerse escuchar y vencer la resistencia de los compañeros, poco acostumbrados a considerar a la mujer como activista y militante responsable. […] La sensibilización del movimiento obrero en su conjunto hacia los problemas de la mujer trabajadora y el establecimiento de una línea sindical que los tenga en cuenta exigen la incorporación de las mujeres a los puestos de responsabilidad en la lucha sindical y que el movimiento obrero abandone los hábitos de hegemonía del hombre en la dirección de la misma.»

La concepción masculina de clase influía directamente en la definición de los problemas de los trabajadores y en la práctica sindical. Por ello, muchas de las reivindicaciones de las mujeres asalariadas no se asociaban con las reivindicaciones sindicales de clase, no se consideraban como «políticas». Como en el siglo XIX, algunas sindicalistas reclamaban la necesidad de crear un espacio propio en el seno de CCOO, como un ámbito de identidad particular y específicamente feminista, en el que no se trataba de rechazar la política de clase, sino de impugnar los límites que establecían los varones dentro de la estructura sindical. Junto a esta problemática, las mujeres en el sindicalismo se encontraban con la difícil relación que tenían que establecer entre trabajo y familia, política y vida personal, en definitiva, el intento por conseguir lo que actualmente se denomina la conciliación entre lo privado y lo público. Eran cuestiones que añadían una gran complejidad a la militancia femenina en el sindicalismo de clase.

En abril de 1977, CCOO y otros sindicatos democráticos fueron legalizados. En septiembre de ese mismo año se creó, en el marco de los trabajos de preparación del Primer Congreso Confederal de CCOO, una Comisión de la Mujer, y se estableció la Secretaría Confederal de la Mujer, cuya dirección fue asumida por Begoña San José. Progresivamente se constituyeron, en la mayoría de federaciones y territorios, Secretarías de la Mujer, con el objetivo de trabajar por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Cuando se convocó el Primer Congreso Confederal de CCOO, en junio de 1978, la Secretaría de la Mujer se había organizado en 11 de los 17 ámbitos territoriales, entre ellos el País Valenciano. En el programa aprobado en este Primer Congreso aparecen diferentes demandas y reivindicaciones sobre la igualdad legal, la educación, el derecho de las mujeres al trabajo y la igualdad salarial, la creación de servicios colectivos, planificación familiar, etc. Este documento apelaba a la alianza entre el feminismo y el movimiento obrero, como medio para conseguir la emancipación.

En mayo de 1978 se celebró el Primer Congreso de CCOO del País Valenciano. En él, de un total de 40 miembros elegidos para la dirección, únicamente tres eran mujeres. De ellas solo una, Amparo Llop, como Secretaria de la Mujer, formó parte del Secretariado que salió elegido. Entre las ponencias presentadas hubo una sobre Organización, expuesta por Carmen Arjona, otra sobre Estatutos, de Cristina Piris, y una ponencia de Isabel Llacer sobre Formación Sindical, mientras que Maribel Martín aparece en la Comisión de Finanzas y Administración. En el Segundo Congreso de CCOO del País Valenciano, celebrado en 1980, del nuevo Secretariado solo una mujer formaba parte, Charo Manjón Secretaria de la Mujer. De la Comisión Ejecutiva nombrada en aquel II Congreso formaban parte cuatro mujeres, mientras que Maribel Martín renovaba su cargo en la Comisión de Finanzas y Administración.

Fundamental dentro del movimiento obrero valenciano, en los años de la transición democrática, fue la labor realizada por Cristina Piris, líder sindicalista del textil, fallecida en el año 2003. Militante del Movimiento Comunista del País Valencià (MCPV), participó en julio de 1976 como Secretaria del Sindicato Textil en la Asamblea de Barcelona, en la que CCOO adoptó la decisión de transformarse de movimiento en sindicato. En diciembre de ese mismo año, Cristina Piris formó parte del Secretariado elegido en la asamblea de la organización local de CCOO de Valencia.

El proceso democrático se consolidaba y en diciembre de 1978, con la aprobación de la Constitución, se estableció la igualdad legal entre mujeres y hombres, en el artículo 14. Se prohibía la discriminación en el matrimonio y en el empleo a través de Ion artículos 1.1, 14, y especialmente el 9.2. Fue su posterior desarrollo normativo lo que posibilitó la adopción de medidas y reformas legislativas en materia de igualdad que llegan hasta hoy. En 1980, el Estatuto de los Trabajadores precisaba los derechos la borales en la nueva democracia, e incidía en la no discriminación en el trabajo por razón de sexo, derogando las reglamentaciones y conveníos discriminatorios. Establecía reglas comunes para hombres y mujeres en la clasificación y promoción profesional para evitar categorías laborales diferentes. Reconocía el derecho a la excedencia, tanto del padre como de la madre, para el cuidado de los hijos y las hijas recién nacidos, y a las embarazadas el derecho a la baja por parto durante catorce semanas con la reserva del puesto de trabajo. Si bien algunos de los artículos eran un avance hacía la igualdad, por el contrario otros, como el establecimiento del contrato a tiempo parcial, suponían seguir considerando a las mujeres como las principales responsables del cuidado familiar y de las personas dependientes. Ya desde antes de iniciarse el debate parlamentario sobre la nueva legislación laboral, mujeres representantes de los sindicatos CCOO, UGT, USO, SU y CSUT, presentaron sus demandas, que fueron apoyadas por la Plataforma de Organizaciones Feministas. Durante los años siguientes, conseguir una equiparación real entre igualdad de derecho y de hecho en el ámbito del trabajo remunerado resultó ser un auténtico reto social y político.

Hasta el inicio del proceso democrático, las condiciones de la clandestinidad y la primacía de la lucha antifranquista habían ocultado y puesto en un segundo plano los conflictos de género que podían ser fuente de problemas. Ahora, en pleno proceso transicional a la democracia, el desmantelamiento de la dictadura presentaba una oportunidad para la reivindicación de los derechos de las mujeres, para denunciar la represión que durante cuarenta años el régimen franquista impuso al colectivo femenino. Como plantea Arlette Farge, las luchas de las mujeres se producen, en la mayoría de los casos, en contextos de crisis social y política, como si hubiera reivindicaciones latentes que aprovecharan la ocasión para manifestarse. Emergía pues en este con texto el movimiento feminista en España, que surgía interrelacionado con las organizaciones de la izquierda. Fechas iniciáticas fueron la celebración de las 1ª Jornadas por la Liberación de la Muier de Madrid en 1975 y las Jornadas Catalanes de la Dona de 1976, a las que asistieron organizaciones de mujeres del País Valenciano. A partir de 1976, el feminismo se convirtió en un asunto de interés público y todos los partidos articularon estructuras específicas de mujeres.

Desde el sindicalismo democrático, refiriéndonos en concreto a CCOO, las feministas sindicalistas fueron articulando relaciones y participando en las plataformas unitarias del movimiento feminista valenciano. Colaboraron en las celebraciones del 8 de Marzo desde 1977 y en las campañas que se desarrollaron, por ejemplo las organizadas en apoyo a las trabaiadoras de las empresas Little Kiss y Porcelanas Tang. También participaron en las campañas a favor de la ley de divorcio y en solidaridad con las once encausadas del Proceso de Bilbao en 1979, lo que aumentó su potencialidad emancipatoria, generando una intensa dinámica para la consolidación de valores y prácticas feministas.

Con su doble militancia sindical y feminista, o en muchos de los casos triple militancia, puesto que también pertenecían a organizaciones políticas, desarrollaron una labor propia dentro de sus respectivas organizaciones sindicales. Denunciaron la incomprensión del movimiento obrero respecto a los problemas de las trabajadoras, aunque consideraban que la lucha de las mujeres estaba íntimamente unida a la lucha más general de la clase obrera. Como declaraba Amparo Llop, entonces Secretaria de la Mujer de CCOO del País Valenciano: «No se trataba de declarar una guerra a los hombres, sino luchar por la emancipación de todos, aunque planteaban que la resolución de la problemática específica de las trabajadoras les correspondía directamente a ellas”.

En 1979, 125 delegadas de CCOO PV celebraron sus primeras Jornadas de la Mujer Trabajadora bajo el título «Proteccionismo y discriminación de las mujer en la legislación laboral». Junto a reivindicaciones de carácter laboral, planteaban demandas como el derecho al aborto, la despenalización de los anticonceptivos, una ley de divorcio. Es decir, cuestiones que formaban parte de las demandas del movimiento feminista. Así, en el boletín de la Secretaria de la Dona de CCOO de la Comarca de l’Horta, en 1979, se recogían las siguientes reivindicaciones: «Derecho al trabajo remunerado en igualdad de condiciones […] No a la discriminación en los medios de comunicación […] Matrimonio civil y divorcio Coeducación (…] Los anticonceptivos son uno de los instrumentos que tenemos para conquistar un derecho que también se nos ha arrebatado: el de controlar nuestro cuerpo […] exigimos la despenalización y legalización del aborto bajo control de la S. Social, hasta en tanto no lleguemos a una sociedad en la que practiquen otros tipos de sexualidad y en la que ser madre pueda ser una decisión tontada libremente porque no haya impedimento de cualquier tipo.»”

Fue en los años de la Transición cuando la generación de mujeres que se habían integrado en CCOO del País Valenciano a comienzos de los años setenta comenzó a presionar por el reconocimiento de sus derechos específicos de género. Para ello, actuaron interrelacionadas con el movimiento feminista desde las Secretarías de la Mujer, o como activistas sindicales y feministas de los sectores laborales más feminizados. Con su activismo político, sindical y feminista, las mujeres militantes propiciaron cambios en las relaciones de género y en la forma de hacer política en el seno de sus propias organizaciones, partidos y sindicatos. Contribuyeron de forma indispensable a la construcción de la ciudadanía y la cultura democrática.

VICENTA VERDUGO. Institut Universitari d’Estudis de la Dona. Universitat de Valencia.

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